Mucho ChatGPT, y la Justicia sigue igual.
Un mes después de las reformas que, teóricamente, iban a suponer la «digitalización de la Justicia», seguimos igual: la supuesta digitalización se ha quedado en un mero eslogan. Y hay tres motivos fundamentales que evidencian que, en este caso, se ha empezado la casa por el tejado.
Lo primero que había de tenerse en cuenta es el perfil de quienes acuden a la vía judicial. ¿Cuentan estas personas con la debida educación digital para que las reformas sean realmente eficaces? La respuesta es invariablemente negativa. No es suficiente con las estadísticas de uso de las redes sociales para concluir que estamos inmersos en el mundo digital. Precisamente las estadísticas sobre fraudes y delitos cometidos a través de estas redes evidencian lo contrario, el desconocimiento de su uso por parte de la mayoría de los usuarios, y ello pese a (o tal vez como consecuencia de ello) la facilidad de su uso.
Y concretamente ahí está la segunda razón de la ineficacia de estas reformas: el acceso a las plataformas digitales de Justicia (y de las Administraciones en general) puede calificarse de cualquier cosa menos sencillo. No se trata sólo de requerir la firma digital, que al fin y al cabo es comprensible (y exigible) por los datos que se manejan, aunque sean nuestros o los de nuestros clientes, sino las dificultades que entraña el propio acceso al sistema, comenzando por la inexistente compatibilidad con todos los exploradores. Más allá de esto, no sólo es una odisea conseguir la firma digital, sino que apoderar a un profesional para que represente a sus clientes en estos menesteres es un proceso arduo, y desesperante. Sin embargo, tiene una solución más que sencilla: que los abogados o procuradores nos ocupáramos de ello simplemente con la representación privada (como sucede, por cierto, ante el resto de Administraciones).
Pero para completar el trío de despropósitos en que nos encontramos, basta acercarse a cualquier oficina judicial. De un vistazo se da uno cuenta de la distancia que las separan de la más modesta de la Agencia Tributaria: edificios obsoletos que no soportan la carga de datos que esta prometida digitalización exige, equipos informáticos por los que en Wallapop no se pagarían más de 75 €, personal de soporte totalmente insuficiente para atender las necesidades de todos los Juzgados que alberga una sede judicial, sistemas de videoconferencia que no tienen todos ellos o que son incompatibles cuando se trata de realizar las actuaciones entre Juzgados de distintas Comunidades Autónomas…
En definitiva, el Real Decreto lo ha previsto todo, excepto la realidad: falta educación digital, falta accesibilidad, faltan medios. Hasta que no se aborden estas carencias, la digitalización de la Justicia sólo será un desiderátum escrito en la arena.
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Almudena Velazquez
Asociada CLO – Chief Legal Officer
Scharpf & Associates
